Nueve días después de la innecesaria tragedia de Bagua, en la que murió un número aún no determinado de policías y nativos, hecho que puso en evidencia la más grande de las torpezas del poder político y su incapacidad e ineptitud en la solución de conflictos. Lo que ha quedado en el corazón del Perú es una enorme herida, un sinsabor, una impotencia, una vergüenza y una decepción. Quién no podría sentirse así al ver la actitud del Presidente, de los ministros, de la oposición, de los medios de comunicación, de las instituciones de apoyo al gobierno encargadas de velar por los derechos humanos de los peruanos.
La actitud del Gobierno no ha podido ser más descarada y sinvergüenza. Aún hoy cuando las voces de los nativos siguen exigiendo una investigación por sus muertos y sus desaparecidos, han acallado todo cuestionamiento. El reclamo de la Iglesia que se levantó para denunciar el abuso, ha sido dejado de lado.
De hecho, la única solución para acabar con la crisis que subsiste todavía en la Amazonía es recurrir a la consulta directa con los verdaderos representantes de los habitantes de los pueblos de esa región, que no son, a todas luces, los congresistas que están sentados en nuestro Parlamento oficial, sino sus apus.
Lo lamentable es que hayan tenido que morir 33 peruanos, 24 de ellos policías asesinados a sangre fría, para que recién recurramos, como algo extraordinario, a un ejercicio democrático que debería ser cotidiano en nuestro sistema político, para prevenir la violencia y para tener normas legales más depuradas y sólidas.
Esta lección dolorosa debe servir para que nuestros gobernantes, en el Ejecutivo y en el Congreso, conviertan esta crisis en una oportunidad para fortalecer la democracia y para acabar con los traficantes de la política. ¿Cómo hacerlo? Aprobando una ley de democratización de las decisiones de gobierno.
Apostemos por el diálogo directo, por las reformas políticas urgentes que eviten que en el futuro haya más violencia, por respaldar legal y políticamente a nuestras fuerzas del orden, por acabar con la persecución injusta a nuestros policías, y por dotar a nuestra democracia de una capacidad de respuesta inmediata ante las campañas difamatorias en el mundo.
